Para quienes lo encontraron sólo era el cadáver en descomposición de un quebrantahuesos, pero para el “ecoforense” encargado del caso, el cuerpo hallado en un coto de Murillo (Huesca) ofrecía las claves que conducirían hacia el autor del delito: las larvas de mosca indicaban con toda precisión que el animal había muerto 20 días antes, justo en una jornada de caza. Comparando los proyectiles hallados en el cuerpo del carroñero protegido con las escopetas de los tres cazadores que habían estado allí ese día, la policía pudo resolver el caso. Es sólo uno de los muchos delitos ecológicos resueltos por  los “CSI” españoles de la ecología gracias a las más sofisticadas técnicas de genética, entomología, toxicología o microscopía.

Especialmente sofisticados son los medios y técnicas que emplean contra los “ecodelincuentes” los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA, dependiente de la Guardia Civil y los técnicos del laboratorio de criminalística que les apoyan. “Las redes que se dedican a la caza ilegal o al tráfico de especies –advierte el comandante del SEPRONA, Modesto Piriz- tienen equipos carísimos porque mueven cantidades impresionantes de dinero, y nuestra obligación es responder con los medios más modernos y eficaces de los que podamos disponer”.  Y no es poco de lo que disponen. Entre otros aparatos, los agentes motorizados y los “guardias de bata blanca” manejan microscopios de barrido electrónico y espectrómetros de masas que identifican rápidamente los componentes de cualquier sustancia; gafas de visión nocturna que funcionan con un haz de luz infrarroja invisible para cualquier furtivo o contaminador pero que permiten a los agentes ver en condiciones de absoluta oscuridad; coches y motocicletas todo terreno; sofisticados equipos informáticos; aparatos para medir ondas radiactivas; analizadores multiparamétricos de agua; sonómetros para medir niveles peligrosos de ruido; frigoríficos portátiles para conservación de muestras; y, cómo no, laboratorios para análisis de ADN.
Los análisis de ADN están revolucionando la investigación criminal en todo el mundo, tanto para asesinatos como en delitos relacionados con la fauna protegida. Es el caso de unos halcones “secuestrados” de su nido y encontrados por la Guardia Civil en Pastrana (Guadalajara): por el ADN de una pluma tomada en un nido de Guadalajara pudo determinarse que los halcones encontrados al supuesto expoliador de nidos eran parientes del ejemplar salvaje del que se extrajo la pluma, de modo que los primeros no podían proceder de la cría en cautividad. A pesar de la rotundidad de los datos, el juez no admitió la prueba en la sentencia absolutoria aduciendo “defectos de forma” en la toma de muestras. En muchos casos, los jueces y fiscales trabajan muy por detrás de los peritos y de la tecnología pericial.
Más exitosa resultó la denominada “Operación Puma”, un sofisticado dispositivo por el que agentes del SEPRONA desarticularon una red que había vendido animales protegidos en 22 provincias españolas. A partir de un anuncio en prensa (“Animales exóticos protegidos”), agentes de este cuerpo en Madrid montaron un complejo operativo que incluía seguimiento a los sospechosos, grabación en video, análisis y comprobación de documentos, escuchas telefónicas y registros domiciliarios, siempre con autorización del juez. “En la casa donde se guardaban los animales –cuenta el cabo primero González, uno de los detectives del caso- investigamos hasta la basura para estudiar el tipo de animales encerrados”. En el último momento, y como sacado de una película policíaca, los agentes intervinieron en medio de una venta ilegal, concretamente, de monos titís de Guinea.
Con lo que más tiene que lidiar la unidad medioambiental de la Policía Municipal de Madrid es con el vertido de residuos a las aguas y los suelos de la capital. En estos casos, los agentes toman muestras de contaminantes, pero, además rastrean la zona como sabuesos en busca de marcas de ruedas, etiquetas, bidones, huellas dactilares y otros indicios que conduzcan a los ecodelincuentes. Es el caso de unos desechos clínicos que la Policía Municipal de Madrid encontró en los alrededores del estadio de la Peineta. Nada más hallarse estos materiales potencialmente tóxicos o infectantes, se acordonó la zona y se procedió a una minuciosa inspección ocular en la que se recuperaron etiquetas y otros elementos que apuntaban hacia el hospital de La Paz. Del análisis de sus documentos se extrajo que el centro sanitario había entregado sus desechos correctamente a una empresa gestora, hacia la que recayeron entonces todas las sospechas. Por las huellas de neumáticos y por el testimonio de personas que paseaban por allí, se supo, además, que los restos habían sido transportados al descampado en un camión. Finalmente, uno de los camioneros que trabajaba para la empresa gestora confesó su delito a la policía local.

Tudi Palomino

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